Summary

Un operador presenta una reclamación frente a la resolución adoptada por la Comunidad de Castilla y León en relación a la solicitud de dispensa –prevista en la ley autonómica- presentada por el interesado para que se le exima del cumplimiento de algunos de los requisitos de dotación y equipamientos exigidos para el alquiler de apartamentos turísticos por el Decreto 17/2015, de 26 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos en la Comunidad de Castilla y León.

El interesado, señala que la denegación de la concesión de la dispensa contravendría los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, al no haberse tenido en cuenta en el análisis los principios de la LGUM.

La SECUM concluye que la denegación de la dispensa debe sustentarse en los principios de necesidad y proporcionalidad, no pudiendo reducirse la motivación de la misma a una mera constatación del incumplimiento de los requisitos mínimos o de categorización establecidos en la norma. Asimismo, señala que a fin de realizar dicho análisis, y teniendo en cuenta que la razón imperiosa de interés general a salvaguardar es la protección de los derechos, la salud y la seguridad de los consumidores, deberían tenerse en cuenta, entre otras cuestiones: la toma en consideración del canal de comercialización utilizado; la valoración del nexo causal de los requisitos mínimos solicitados con la RIIG que se pretende salvaguardar; y la valoración de posibles medidas menos restrictivas para alcanzar el fin perseguido.