Summary

Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) información relativa a la existencia de posibles obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de las Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias (EAPr), en Castilla y León. En concreto, considera la interesada que las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,  otorga beneficios a los agricultores que pertenezcan a una EAPr, que no se encuentran justificados por razones de interés general. También critica la interesada que para tener acceso a las ayudas, se exija que los solicitantes, estén o no integrados en una EAPr, tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad de Castilla y León.

En cuanto a la regulación de las EAPr, se ha llevado a cabo con el objeto de paliar los efectos adversos que tiene la excesiva atomización del sector agroalimentario y podría quedar justificada al amparo de varias razones imperiosas de interés general (RIIG). Esta regulación parece además proporcionada en tanto en cuanto no parece existir otra medida menos distorsionadora de la actividad económica que proteja las citadas RIIG con la misma intensidad

La SECUM entiende que la territorialidad de las ayudas podría vincularse a determinadas peculiaridades regionales diferenciadoras de las ayudas o a la generación de actividad económica en determinado territorio, pero difícilmente y en exclusiva al establecimiento del domicilio social y fiscal en el mismo.

A lo largo de este procedimiento, se ha obtenido de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el compromiso de elaborar las futuras bases reguladoras y consiguientes convocatorias de subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, de modo que sea posible el acceso a estas ayudas por parte de titulares de explotaciones que realicen inversiones en Castilla y León, aunque tengan domicilio fiscal y/o social fuera del territorio de esta Comunidad Autónoma.