Plan de Recuperación

​La irrupción de la pandemia del COVID-19 a principios de 2020 ha tenido un fuerte impacto sobre la economía española, poniendo fin a más de cinco años de crecimiento y llevando a una caída de actividad particularmente intensa en aquellos sectores más ​afectados por la reducción de demanda y las restricciones a la movilidad.

La red de seguridad desplegada desde el primer momento, mediante una importante inyección de recursos públicos para sostener el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias han permitido mitigar el impacto económico y social. Gracias a esta respuesta decidida, y a la acción coordinada de política fiscal y monetaria a nivel europeo, se ha evitado esta vez la espiral de destrucción de empleo y caída de actividad de crisis anteriores y contamos con una buena base para la recuperación a partir de 2021. Además, se han puesto en marcha numerosas medidas para proteger a los colectivos más vulnerables y evitar un nuevo aumento de las desigualdades.

Sin embargo, las medidas de apoyo a las empresas y las familias no son suficientes para recuperar a corto plazo el nivel de producción y volver a medio plazo a la senda de inversión y crecimiento potencial previos a la pandemia. Este shock ha puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas de la economía española y ha acelerado determinados procesos de transformación estructural y digitalización que exigen afrontar sin dilación las reformas tantas veces aplazadas. Además, su impacto negativo se suma al derivado de la intensa caída de la inversión pública registrada desde la crisis financiera.

Todo ello hace imprescindible y urgente poner en marcha este plan de inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental.

En este contexto, los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next Generation EU proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar este Plan y contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica. También para impulsar la recuperación y abordar una modernización de la economía española, comparable a la que supuso la incorporación a la UE en 1986, que permita retomar la senda de progreso y prosperidad lograda durante las siguientes décadas. 

En efecto, estos nuevos mecanismos proporcionarán a España hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026, que se unirán al resto de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual para impulsar inversiones y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo: apoyar la transición ecológica y la transformación digital, impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo mediante el aumento de la productividad y el crecimiento potencial, la I+D y un mercado interior eficiente con fuertes pymes, reforzar la cohesión social y territorial, aumentar la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, y desarrollar políticas para las generaciones futuras, niños y jóvenes, en particular mediante la educación y la capacitación profesional. 

Para ello, el presente Plan de Recuperación incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.

El primer eje refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos. 

El segundo eje, en línea con la estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025, fija la hoja de ruta para acelerar una transición digital humanista en España, a través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital. Dada su naturaleza transversal, la transformación digital se desplegará a través del conjunto del Plan: desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la Administración pública hasta la nueva economía de los cuidados. 

El tercer eje promociona la cohesión social y territorial de España, mediante el refuerzo del Estado del bienestar, del sistema educativo, el impulso del empleo de calidad, un sistema fiscal justo, y con medidas específicamente orientadas a abordar el reto demográfico y a brindar oportunidades a las próximas generaciones.

El cuarto eje se centra en la igualdad de género, especialmente a través de medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración, a elevar el potencial educativo, la igualdad de oportunidades y a reducir la brecha digital.

Estos cuatro ejes orientan las diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país: desde la agenda urbana, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura hasta la modernización y refuerzo del sistema fiscal y de pensiones, pasando por la resiliencia de infraestructuras y ecosistemas, la transición energética, la modernización de la Administración, del tejido industrial y de la pyme y la recuperación del turismo, la apuesta por la ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, el impulso de la educación y la formación profesional continua, el desarrollo de la nueva economía de los cuidados, las nuevas políticas públicas del mercado de trabajo o el impulso de la industria de la cultura y el deporte.

 

Ejes de las líneas directrices del plan: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial

 

 

Transición ecológica: una España verde

España debe incorporar en el diseño de las políticas públicas y en la regulación de la actividad económica los límites ambientales de nuestro planeta y detener los procesos de deterioro ecológico. En el contexto actual, es urgente reforzar la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos.

Transformación digital: una España digital

La situación derivada de la COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización en España, p​oniendo de relieve sus fortalezas y también sus carencias, tanto desde la perspectiva económica, como social y territorial. Con el fin de que la transformación digital sea inclusiva y sostenible, vertebradora de la cohesión territorial y social es necesario abordar urgentemente la transición digital, garantizando el acceso del conjunto de la sociedad, impulsando la digitalización de la empresa -especialmente pymes y startups- y la industria, la I+D+i, y la capacitación digital de la población.

Cohesión social y territorial: Una España cohesionada e inclusiva

Lograr un crecimiento económico sólido y sostenible es imposible sin cohesión social. La apuesta por el conocimiento, la educación de calidad y la formación permanente no sólo ayudan a reducir desigualdades y favorecen la empleabilidad; aportan oportunidades y eficiencia a nuestra economía, favorecen un mejor aprovechamiento del potencial económico y ayudan a consolidar sociedades formadas y compactas con mayor calidad de vida para todos sus integrantes.

Junto al refuerzo de los tres pilares existentes del Estado de Bienestar (educación, sanidad, servicios sociales), es preciso desarrollar el cuarto pilar: el de la economía de los cuidados. Para ello, es necesario abordar en profundidad la financiación y la gestión del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, para avanzar hacia la universalización de los servicios públicos de atención a la dependencia y la implantación de un sistema centrado en la "atención a la persona".

Al mismo tiempo, resulta crucial abordar el reto demográfico que afronta una parte importante del país y articular una respuesta que refuerce la cohesión económica, social y territorial.

Igualdad de género: una España sin brechas de género

La crisis actual puede tener un impacto particularmente negativo sobre las mujeres y los jóvenes, colectivos ya especialmente golpeados por la anterior crisis financiera. Este efecto diferencial se une a la brecha de género, que persiste en nuestro país pese a los avances de las últimas décadas. A pesar de que España se sitúa como uno de los países más avanzados en determinados terrenos y más igualitarios en lo social, es preciso reducir las barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de derechos y condiciones; elevar la tasa de empleo femenina; mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración y elevar el potencial educativo y la igualdad de oportunidades. Todo ello redundará positivamente en la capacidad de crecimiento a largo plazo.

Estos 4 ejes se concretan en 10 políticas palanca y 30 componentes que articulan el importante programa de reformas e inversiones con el horizonte 2023. Cada componente se centra en un reto u objetivo concreto e incluye reformas e inversiones que, de forma coherente y complementaria, contribuyen a alcanzar dichos objetivos o superar los retos. Para todos ellos, se identifican las metas e hitos intermedios, los resultados esperados, el número de beneficiarios, así como el coste detallado de cada elemento.

Dada la incertidumbre y la dificultad de inventariar acciones a más largo plazo, el presente Plan se centra en la primera fase de ejecución. Así, se detallan las reformas e inversiones que se desplegarán en el periodo 2021-2023, por un total próximo a  70.000 millones de euros, con una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (39,12%) y digital (29%), y una apuesta clara por la educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio. Además de las transferencias, se irán movilizando los créditos previstos en la asignación a España de Next Generation EU, para financiar principalmente instrumentos financieros de inversión a partir de 2022 y reforzar además la financiación de los programas de inversiones a partir de 2023.

Además, el diseño transversal del Plan asegura la coherencia, complementariedad y sinergias entre los distintos componentes y entre inversiones y reformas. Como se pone de relieve en las fichas de los diferentes componentes, se trata de un Plan de país, con un programa de reformas e inversiones interrelacionadas, que se refuerzan mutuamente, y que será desplegado por el conjunto de ministerios, en coordinación con las Administraciones públicas territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos) y con el sector privado, con el fin de maximizar el impacto macroeconómico de las diferentes acciones.

 

Inversión total y distribución porcentual en políticas ​