La adopción de la Carta de Derechos Digitales fue el primer hito del Plan de Recuperación español tras su aprobación por las instituciones europeas el pasado 13 de julio. Con esta iniciativa, pionera en el ámbito europeo, el Gobierno lanza una señal inequívoca sobre la importancia de la protección de nuestros derechos y valores en el proceso de digitalización y, ade​más, refuerza la voz y el papel de España para orientar las propuestas normativas y políticas públicas en marcha, tanto a nivel europeo como global.

La digitalización es un factor de progreso y oportunidades. Ha cambiado la manera de relacionarnos, comunicarnos y trabajar, y permitirá, como las anteriores revoluciones tecnológicas, modernizar nuestro tejido económico, aumentando la productividad y el bienestar. Pero este proceso, acelerado vertiginosamente por la pandemia, también genera nuevos riesgos e incertidumbres.

Para que el cambio tecnológico avance protegiendo nuestras sociedades democráticas, es preciso que la digitalización tenga una perspectiva humanista, poniendo a la persona en el centro y resolviendo las nuevas situaciones o conflictos sobre la base de los derechos y valores protegidos en el mundo analógico.

Con este fin, la Carta de Derechos Digitales, que ha contado con un amplio proceso de consulta pública y las contribuciones de un grupo multidisciplinar de expertos, identifica seis categorías de derechos relevantes para orientar bien este proceso de transformación digital.

En primer lugar, destacan el derecho a proteger la identidad, a no ser localizado y perfilado, a preservar la herencia digital y a que la información se trate con las medidas de seguridad y confidencialidad adecuadas.

A continuación, se recogen los derechos de igualdad y no discriminación en el entorno digital, con una mención especial a los menores de edad y al deber de los progenitores y tutores de velar por su protección en cuestiones tan importantes como la intimidad, el honor y la imagen.

En lo referente al espacio público, la Carta resalta los derechos de libertad de expresión e información, de educación digital y de recibir información veraz.

En el ámbito laboral, en línea con la reciente Ley de teletrabajo, se recuerda el derecho a la desconexión digital, al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar. También se hace hincapié en garantizar los derechos frente a procedimientos de analítica de datos y el empleo de decisiones automatizadas en los procesos de selección de personal.

Finalmente, se identifican dos grupos de derechos relevantes en entornos más específicos, como el de la protección de la salud en el entorno digital o de la información sobre los procesos que siguen los algoritmos en todo su ciclo de vida, evitando así conclusiones discriminatorias en los procesos que cuenten con la inteligencia artificial.

El proceso para conformar el marco legal que ha de guiar las nuevas realidades digitales está en marcha. Los proyectos europeos para la regulación de los mercados y servicios digitales (Digital Markets Act y Digital Services Act) y la consulta pública sobre principios digitales europeos (European Digital Principles) son sin duda piezas importantes para articular la próxima década digital. Con la Carta de Derechos Digitales presentada el pasado día 14 de julio, España cuenta con una hoja de ruta clara a nivel nacional con la que contribuir al proceso y garantizar que nuestros derechos y valores son protegidos de igual manera en los dos mundos off​ y online.