• La norma completa en España la aplicación de la normativa europea sobre criptoactivos (MiCA): sus proveedores pasan a estar registrados y supervisados por la CNMV y sujetos a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. 
• Refuerza la ciberseguridad del sistema financiero con un régimen sancionador por incumplimientos del Reglamento europeo DORA y una supervisión más estrecha del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
• Abre los sistemas de pago a más competencia: las entidades de pago y de dinero electrónico podrán acceder a ellos directamente, sin depender de un banco. 
• Refuerza la soberanía estratégica sobre los pagos: las adquisiciones de control de Iberpay —la infraestructura que procesa las transferencias en España— requerirán autorización administrativa previa. 
• Relanza el Sandbox financiero para facilitar la innovación, con una ventanilla abierta permanente y menos cargas para los proyectos. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se modifican diversas leyes para la digitalización y modernización del sector financiero y ha acordado su remisión a las Cortes Generales. La norma adapta la legislación española al marco europeo y actualiza áreas clave del sistema financiero para aprovechar las oportunidades de la digitalización sin renunciar a la protección de los usuarios ni a la estabilidad financiera.

La ley completa la aplicación de la normativa europea sobre criptoactivos (MiCA), refuerza la ciberseguridad y la resiliencia operativa del sistema de pagos (DORA), abre los pagos a nuevos operadores y moderniza infraestructuras críticas como Iberpay —cuyas adquisiciones significativas requerirán autorización administrativa para reforzar la autonomía estratégica en los pagos—, impulsa la transparencia con la conexión al Punto de Acceso Único Europeo y relanza el Sandbox financiero para facilitar la innovación.

Con esta norma, el Gobierno simplifica normativa nacional y traspone la regulación europea con incidencia en la digitalización financiera, prestando especial atención a la reducción de cargas administrativas. El objetivo es un sector financiero más competitivo y seguro, que aproveche las ventajas de la digitalización —mayor innovación, más competencia y menores costes— mitigando sus riesgos, como los ciberataques, o las posibles discontinuaciones de servicio por fallos tecnológicos.

Más ciberseguridad y resiliencia operativa

La ley garantiza la correcta aplicación en España del Reglamento europeo de resiliencia operativa digital (DORA), la norma de referencia en ciberseguridad del sector financiero. Establece un régimen de infracciones y sanciones para los incumplimientos y refuerza la supervisión del Banco de España sobre determinados operadores de los sistemas de pagos (operadores, procesadores y esquemas de pago electrónico) incluyendo la selección y relación de estos con sus proveedores tecnológicos. Además, el Banco de España representará a España en el Foro de Supervisión europeo, donde los supervisores elaborarán posiciones conjuntas.

Reglas más seguras para los criptoactivos

En aplicación del Reglamento europeo de criptoactivos (MiCA) y el Reglamento de transferencias de fondos, los proveedores de servicios de criptoactivos pasan a ser sujetos obligados de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, como cualquier entidad financiera. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asume la llevanza del registro de entidades autorizadas y también la supervisión de la publicidad de criptoactivos, pudiendo exigir que se modifique, se suspenda o se prohíba. Se refuerza así la protección del inversor y la integridad del sistema financiero.

Pagos más competitivos y una infraestructura protegida

En el ámbito de los pagos, la ley introduce medidas para fomentar la competencia: las entidades de pago y de dinero electrónico podrán acceder directamente a los sistemas de pago, sin necesidad de hacerlo a través de un banco, en línea con las modificaciones incorporadas a través del Reglamento europeo de pagos inmediatos.

Al mismo tiempo, incorpora elementos de soberanía estratégica: las adquisiciones que supongan el control de Iberpay —infraestructura crítica del sistema de pagos español— requerirán una autorización administrativa previa, que podrá denegarse cuando existan riesgos para su adecuada gestión.

La norma nombra también al Banco de España autoridad competente para supervisar el cumplimiento de la normativa europea de pagos (SEPA) por parte de las administraciones públicas.

Más transparencia en los mercados de capitales

La ley transpone la directiva que conecta a España con el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP), el repositorio que reunirá en un formato común y estandarizado la información financiera y no financiera que las empresas divulgan públicamente. Gestionado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), estará operativo a partir de 2027 y facilitará el acceso de los inversores a esa información, impulsando la transparencia y la liquidez de los mercados de capitales.

Un Sandbox financiero renovado

Por último, la norma renueva el Sandbox financiero —el espacio controlado de pruebas— para aumentar su uso, su visibilidad y su seguridad. Entre otras medidas, las empresas podrán presentar sus proyectos en cualquier momento del año, se reducen las cargas y los costes de participación —con declaraciones responsables, un canal directo con el SEPBLAC y la exigencia de garantías financieras sólo en los casos estrictamente necesarios cuando haya clientes reales con dinero real en las pruebas— y se habilitan cohortes temáticas para dar mayor visibilidad a la herramienta. Su relanzamiento fue presentado el pasado lunes en un acto celebrado en el Ministerio.

En conjunto, la ley combina modificaciones horizontales y sectoriales de la normativa financiera con un doble objetivo: alinear a España con el marco europeo y adaptar su sistema financiero a las necesidades de una economía digital.