El Gobierno impulsa el ecosistema español de empresas emergentes y la atracción de talento con el lanzamiento de la audiencia pública de Ley de Startups

  • ​El anteproyecto de Ley que se saca a audiencia pública establece un marco específico para impulsar en España la creación y atracción de empresas emergentes o startups
  • Atendiendo a sus especificidades en cuanto a estructura de capital, peso de la innovación, captación de talento y riesgo, se suaviza la tributación inicial de estas empresas, con una reducción del tipo del impuesto de sociedades del 25% al 15% durante un máximo de cuatro años, moratorias en el pago de deudas tributarias y suspensión de los pagos fraccionados
  • Se eleva a 100.000 euros anuales la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, así como el tipo de deducción (al 40%) y el periodo cubierto (que pasa a 5 años para todos los sectores y hasta 7 años para empresas en los ámbitos de biotecnología, energía e industria)
  • También se mejora la tributación de los derechos u opciones sobre acciones o participaciones sociales para empleados, las conocidas como stock options, al elevar de los 12.000 a los 45.000 euros el mínimo exento anual para las empresas que sean certificadas como emergentes
  • Con el fin de favorecer la instalación en España de los llamados nómadas digitales se crea un nuevo tipo de visado para los teletrabajadores y otros trabajadores altamente cualificados, incluyendo en el ámbito audiovisual

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, publica en audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes​​​, la conocida como Ley de Startups. El anteproyecto está orientado a fomentar la creación y relocalización de empresas emergentes en España con el objetivo de continuar atrayendo talento y capital internacional para el desarrollo de un ecosistema emprendedor con vocación innovadora en nuestro país. Este texto establece un marco específico para estas empresas, respondiendo a su singularidad y a las principales demandas del sector, con el fin de dar visibilidad a nivel global al ecosistema español de empresas emergentes, atraer inversión y talento.

Con esta nueva propuesta normativa, el Gobierno pretende regular y flexibilizar todas las actividades que las empresas emergentes tienen que llevar a cabo con la Administración a lo largo de su ciclo de vida, en particular en sus primeras etapas, debido a la cantidad de trámites que conlleva el desarrollo de una empresa innovadora de reciente creación y que la penalizan con respecto a otras pymes en aspectos como la fiscalidad o el trámite de visados cuya regulación contempla la nueva Ley.

El texto sometido a audiencia se dirige a todas las empresas o emprendedores de nueva creación y grupos de empresas “emergentes”, con sede social o establecimiento permanente en España, que no hayan distribuido dividendos, no cotizadas y de carácter innovador. La Ley recoge los criterios indicativos de dicho carácter innovador, englobando los conceptos hasta ahora existentes en diferentes normas de “empresas de base tecnológica”, “pymes innovadoras” o “jóvenes empresas innovadoras”. 

Este Anteproyecto busca estimular la inversión y la atracción de talento, favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes, impulsar la I+D+i, también en la Administración mediante compra pública innovadora, y fomentar la colaboración de las empresas emergentes y los emprendedores con las Universidades y centros de investigación. 

Impulso al talento 

El Anteproyecto de Ley busca, entre otras cuestiones, dar visibilidad al ecosistema español de startups, para atraer talento y capital y frenar la fuga de cerebros. 

En ese sentido se incorporan importantes medidas tributarias y fiscales para impulsar la atracción del talento internacional y favorecer la creación de hubs digitales en España. Así, se reduce para las startups el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los tres siguientes siempre que mantenga la calificación de empresa emergente.

Asimismo, se incluye la posibilidad de que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes en el primer ejercicio en el que base imponible sea positiva y en el siguiente, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente.

En esta misma línea, cabe destacar las medidas favorables a las stock options. En concreto, se eleva el importe de la exención de 12.000 a 45.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.

Por último, otros de los grandes avances incluidos en el Anteproyecto es el relativo a los “nómadas digitales”. Por un lado, con la creación de un régimen tributario específico para que estas personas en teletrabajo desplazadas a territorio español se sometan al impuesto sobre la renta de no residentes, relajándose los requisitos para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no ser residente fiscal en España) y se amplía el periodo de su disfrute de 5 a 10 años. Y, por otro lado, creando un visado específico para personas que trabajan en España para una empresa extranjera.

Fomento de la inversión

Este Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes tiene entre sus grandes objetivos el impulso a la inversión en el ecosistema emprendedor de España. Por ello, se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 40%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

Agilidad administrativa

Con el objetivo de facilitar y agilizar la actividad emprendedora desde las administraciones públicas, se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

Además, el Anteproyecto incluye la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF).

Por otro lado, teniendo en cuenta que el fracaso de una empresa emergente debe aceptarse como un hecho normal, se agilizan los trámites para el cese de actividad, que se cumplimentarán por vía electrónica.

Por último, se hace una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados basados en la reciente experiencia exitosa del sandbox del sector financiero. De esta forma se promoverá la creación de entornos controlados, por períodos limitados de tiempo, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva. 

Una España más digital

La puesta en marcha de esta Ley responde al peso que ha ido ganando el emprendimiento basado en la innovación en España, empujado por el éxito de las empresas digitales que nacieron de pequeños proyectos innovadores y al acceso a un caudal inmenso de conocimientos y datos en Internet sobre los que pueden desarrollarse nuevos productos y servicios. Las empresas emergentes digitales (startups) juegan un papel creciente en la generación de empleo de calidad en el contexto del elevado desempleo, el aumento de la rotación en el mundo laboral y la mejor preparación de los jóvenes en el ámbito digital.  

Dada esta nueva realidad socioeconómica, el impulso del emprendimiento digital y la elaboración de una Ley de Startups es una de las medidas recogidas en la agenda España Digital 2025, la hoja de ruta de España para la digitalización, así como en la hoja de ruta de reformas del componente 13 (Impulso a la Pyme) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.