• El Real Decreto-Ley incluye medidas de apoyo al tejido económico y empresarial, y medidas de refuerzo a la ciberseguridad
• Dentro del Plan Nacional de Respuesta, se contempla también la aprobación de un nuevo Plan de Ciberseguridad Nacional
• Asímismo, se acelera la constitución del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y se aprueba la Ley de Ciberseguridad 5G

El Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo de 2022, ha aprobado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a la guerra en Ucrania, entre las que se incluyen medidas de apoyo al tejido económico y empresarial, y medidas de refuerzo a la ciberseguridad.

Entre otras medidas, se acuerda modificar el Código de Buenas Prácticas, que constitu​ye el marco de renegociación de las condiciones de la financiación de clientes con préstamos con avales públicos de las líneas COVID, para apoyar la liquidez de las empresas que se hayan visto especialmente afectadas por el incremento de los precios de la energía y las materias primas. De esta forma los autónomos y empresas con financiación garantizada a través de las Líneas de avales ​​ICO COVID podrán solicitar la extensión del plazo de vencimiento de esas o​peraciones, aunque su facturación no hubiera caído un 30% o más en 2020 respecto a la que tuvieron en 2019.

Asimismo, los autónomos y pymes de los sectores de transporte por carretera, agricultura, ganadería y pesca, los más afectados por la subida de los costes energéticos y de materias primas, si hubieran solicitado y obtenido una extensión del plazo de vencimiento de sus operaciones de financiación avaladas, podrán solicitar la extensión adicional de seis meses de la carencia de las cuotas de amortización del principal de la operación. También podrán beneficiarse de esa carencia los deudores que, cumpliendo los requisitos para obtener una extensión del plazo de vencimiento de sus operaciones avaladas, no lo puedan obtener por haber alcanzado el límite de vencimiento total de ocho o diez años.

Reforzar la cibserseguridad

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo otras medidas en materia de ciberseguridad, como la posibilidad de ampliar los plazos de los procedimientos administrativos cuando los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de procedimientos se hayan visto gravemente afectados por un ciberincidente, o la de exigir medidas adicionales de seguridad a los proveedores de servicios en la nube para las Administraciones Públicas.

En este ámbito y dentro del Plan Nacional de Respuesta, se contempla también la aprobación de un nuevo Plan de Ciberseguridad Nacional, con un presupuesto de más de 1.000 millones y que recoge 140 actuaciones –con diferentes niveles de prioridad- para poder responder de manera adecuada al mayor riesgo en el contexto geopolítico actual.

También se incluye la aceleración de la constitución del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos para aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operativa diaria de sus sistemas de información y comunicaciones.

Ley de Ciberseguridad 5G

Asímismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, al que está asociada la denominada Ley de Ciberseguridad 5G que permitirá garantizar la máxima protección de las redes y servicios 5G frente a ataques o incidentes de seguridad, teniendo en cuenta la situación de conflicto internacional derivada de la agresión contra Ucrania y el elevado riesgo de ciberataques contra redes y servicios 5G ya desplegadas en nuestro país o con despliegue previsto para los próximos meses.

La aprobación de la Ley de Ciberseguridad 5G, prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuya necesidad se ha visto acrecentada por el incremento considerable del riesgo de ciberataques por motivos geoestratégicos, tiene como objetivos principales: impulsar una seguridad integral del ecosistema 5G; promover un mercado de suministradores de redes y servicios 5G suficientemente diversificado; reforzar la seguridad en la instalación y operación de las redes de comunicaciones electrónicas 5G, así como la protección de la seguridad nacional; y fortalecer la industria nacional en materia de ciberseguridad relacionada con la tecnología 5G. Asimismo, con este texto normativo, se garantiza la entrada en vigor con celeridad de aquellas medidas que permiten prohibir o limitar la actividad en el mercado de suministradores que hayan sido considerados de alto riesgo.

En la elaboración de este Real Decreto-Ley, se ha tenido en cuenta la “Caja de herramientas" de la Comisión Europea sobre la ciberseguridad de las redes 5G y el análisis de riesgos coordinado de los Estados miembros como base común para un desarrollo seguro de la tecnología 5G en Europa.

Se trata de desarrollar un entorno confiable para el despliegue de las redes y servicios 5G, que genere la confianza necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección ante potenciales fugas o manipulaciones de datos, y establecer las medidas con las que afrontar los riesgos de seguridad a los que están expuestos las nuevas redes y servicios 5G.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que el Gobierno está actuando "con responsabilidad, con empatía y con determinación" y ofreciendo una respuesta coordinada a nivel europeo "basada en la unidad, la determinación y la solidaridad".