• La adhesión al Plan de Acción contra el Fraude Financiero servirá para estrechar su colaboración, mejorar la prevención y luchar contra las ofertas fraudulentas y proteger a los inversores
• El objetivo del acuerdo es reducir los intentos de fraude financiero, restringir su difusión promocional o publicitaria y facilitar nuevas herramientas a los consumidores
• Habrá autorregulación para limitar la publicidad de entidades no autorizadas y se crearán nuevas herramientas de información a los clientes de entidades financieras
• El Plan de Acción establece que se realizarán campañas informativas para advertir sobre las nuevas tendencias del fraude y se fomentará la educación financiera
• Los organismos ponen en común recursos humanos y técnicos y crean canales de comunicación directa para agilizar el intercambio de información
• La CNMV ha puesto a disposición de los firmantes una base de datos interactiva para la consulta de las entidades piratas o chiringuitos financieros que detectan la Comisión y otros supervisores extranjeros

Diecinueve instituciones públicas y entidades privadas han firmado hoy el protocolo general del Plan de Acción contra el Fraude Financiero, en un acto que ha presidido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y al que han asistido los responsables de todas las organizaciones participantes.

El Plan, impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene el objetivo de potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas de productos y servicios financieros potencialmente fraudulentas ante el aumento detectado de estas prácticas, que ocasionan graves perjuicios a inversores y a todo el sector financiero regulado.

Con este acuerdo, se pretende definir y articular medidas para reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero, restringir la promoción o publicidad de actividades para captar nuevos afectados, así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas.

La vicepresidenta ha señalado que España es un país seguro desde el mundo de vista jurídico, fiscal y económico y ha agradecido la contribución de todos los firmantes a continuar en esa senda.

“La colaboración de las instituciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los organismos privados es fundamental para proteger a los ciudadanos”, ha destacado la vicepresidenta y ha instado a los que juegan un papel importante en la información a los ciudadanos a unirse en la lucha contra los delitos financieros. “En un entorno de acelerada digitalización necesitamos contar con el apoyo de todos”, ha dicho.

Las acciones que se desarrollarán a partir de ahora persiguen incrementar la seguridad de los inversores, anticipar la detección de episodios de fraude, dificultar su propagación y reducir los efectos perniciosos de estas actividades para ofrecer una mayor confianza a los ciudadanos.

Los firmantes formarán una comisión de seguimiento que se encargará de evaluar las nuevas formas de fraude que puedan aparecer, proponer nuevas medidas y analizar la evolución de estos fenómenos en nuestro país. En ella participarán organismos del ámbito económico y financiero, del sistema judicial y fuerzas de seguridad del Estado, del sector de los medios de comunicación y la publicidad, entre otros. Las entidades firmantes del acuerdo son:

1. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
2. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
3. Fiscalía General del Estado;
4. Banco de España;

   La Secretaría de Estado de Seguridad a través de:

5. Policía Nacional
6. Guardia Civil;
7. Mossos d’Esquadra;
8. Ertzaintza;
9. Policía Foral de Navarra;
10. SEBPLAC;
11. Asociación Española de Banca (AEB):
12. CECA;
13. Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN);
14. INVERCO;
15. Asociación Medios de Información (AMI);
16. Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA);
17. Autocontrol;
18. Colegio de Registradores;
19. Colegio General del Notariado.

En el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades se coordinarán para:

• Cooperar en la detección de actividades irregulares y delictivas en materia de ofertas de productos y servicios financieros, sean regulados o no regulados, que puedan ser indicativos de un caso de fraude financiero.
• Limitar o eliminar la publicidad de entidades no registradas para la prestación de servicios financieros o dirigida a la captación fraudulenta de clientes e inversores en medios de comunicación y difusión, buscadores, redes sociales, etc., así como la difusión de sus actividades en los canales citados.
• Establecer mecanismos de información para inversores sobre los riesgos y posibilidades de fraude.
• Crear canales de comunicación directa entre las partes para cumplir con los objetivos de este protocolo.
• Establecer mecanismos que permitan la verificación del registro de las entidades que realicen publicidad en medios de comunicación y redes sociales.
• Realizar campañas informativas y divulgativas para el público en general para informar a los inversores sobre los riesgos de fraude y las garantías de las operaciones con entidades registradas.
• Desarrollar mecanismos de alertas de nuevas tendencias o fenómenos de fraude detectadas.
• Fomentar la educación financiera necesaria para mejorar el empoderamiento de los ciudadanos para detectar productos y servicios financieros sospechosos, mediante la información y la educación financiera, la comunicación pública y mediante mecanismos de verificación más sofisticados.