• El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promoverá la firma de un pacto nacional que incluya a los agentes sociales para que el diálogo social sea un pilar clave de este cambio tecnológico. El nuevo contrato social ofrecerá seguridad a las personas para afrontar los cambios provenientes de esta tecnología
• El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado que el impacto de la IA no lo decidirá el avance tecnológico, sino quién la controle, quién capture sus ganancias y de cuánto tiempo dispongan las sociedades para adaptarse
• El acuerdo definirá una senda de futuro en materias como el empleo, la fiscalidad, los derechos y deberes digitales, la creación de entornos seguros, la soberanía de las infraestructuras y la adaptación de las empresas

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado hoy que el Gobierno trabajará en un nuevo contrato social para una adopción segura de la Inteligencia Artificial que beneficie a toda la sociedad.

Ese contrato se materializará en un acuerdo tripartito con los agentes sociales, cuya firma promoverá en las próximas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo es poner las bases para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA y que sus beneficios se repartan de manera justa en la ciudadanía.

"Quién va a controlar esta tecnología, quién va a capturar las ganancias que se derivan de ella y cuánto tiempo vamos a tener como sociedades para adaptarnos. De cómo respondamos a estas preguntas va a depender de que acabemos acercándonos a un futuro más optimista o pesimista", afirmó el vicepresidente durante su discurso de clausura del encuentro anual de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC en Santander.

El vicepresidente señaló que España quiere adelantarse a esas decisiones y liderar, no solo en desarrollo tecnológico, sino también en asegurar que los beneficios sean amplio. Ese objetivo, dijo, exige la participación de los poderes públicos, pero también de la ciudadanía, la sociedad civil y los expertos de los ámbitos empresarial, científico, social y educativo.

El pacto deberá definir una senda de futuro en materias como el empleo, la fiscalidad, la inversión y la investigación, los derechos y deberes digitales, el desarrollo de entornos seguros —en particular para los menores—, la soberanía de las infraestructuras, las cualificaciones del capital humano y la adaptación de las empresas. Cuerpo recordó que muchas de estas decisiones trascienden el ámbito nacional y requieren una respuesta europea o multilateral.

España aborda esta transformación tecnológica desde una posición de fuerza. El Global AI Vibrancy Tool de la Universidad de Stanford​, que compara 36 países, sitúa a España como séptima potencia mundial y segunda de Europa en dinamismo en inteligencia artificial, tras escalar desde el puesto 31 que ocupaba en 2019. El país es segundo del mundo en política y gobernanza de la IA, con AESIA como institución pionera de supervisión, el primer sandbox regulatorio del continente y el AI Governance for Humanity Lab de Naciones Unidas en Valencia.

La adopción también avanza con rapidez. El 44,2% de la población en edad de trabajar utilizó IA generativa en el primer trimestre de 2026, sexta posición mundial y muy por encima de la media global del 17,8%, según Microsoft. En las empresas de diez o más empleados, el uso alcanzó el 21,1% en el primer trimestre de 2025, 8,7 puntos más que un año antes, según el INE​.

La infraestructura se apoya en la red de fibra y en dos factorías de IA ya operativas, en el Barcelona Supercomputing Center y en el Centro de Supercomputación de Galicia. Sobre esa base se levanta la candidatura española a una de las primeras gigafactorías de IA de Europa, a la que el Gobierno ha comprometido 719 millones de euros y para la que la Comisión Europea ha dado luz verde a la sociedad conjunta formada por ACS, Telefónica, Banco Santander, Multiverse Computing, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica y la Generalitat de Catalunya.

El anuncio toma como base el Atlas de la Inteligencia Artificial, aprobado por el Consejo de ministros el 25 de agosto, que ofrece la fotografía verificada de las capacidades del país.