• El Consejo de Ministros aprueba en primera vuelta el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, que adapta la normativa nacional a los estándares europeos y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
• Entre las principales novedades, se incorporan nuevos sujetos obligados; se refuerza la unidad de inteligencia financiera; y se refuerza la transparencia en materia de titularidad real de las personas jurídicas.
• Además, se crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), una autoridad independiente que concentrará las funciones que hoy realizan tanto el Sepblac como la Secretaría de la COPBLAC.
• ANIFI contará con un sistema de financiación propio y sostenible que no dependerá de los Presupuestos — es decir, sin coste para el contribuyente —, a través de una tasa a las entidades financieras y operadores de juego, además de un porcentaje de las sanciones que imponga que se destinará a financiar actividades de prevención y persecución del BC/FT, así como de cooperación internacional.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata de una reforma en profundidad tras más de 15 años de vigencia, con el fin actualizar el marco español a un entorno cada vez más exigente en esta materia, marcado por la innovación tecnológica y financiera —como el creciente uso de criptoactivos— y esquemas cada vez más sofisticados por parte de redes delictivas internacionales.

El anteproyecto, aprobado en primera vuelta, se someterá ahora a audiencia e información pública antes de continuar su tramitación. La reforma persigue un doble objetivo: reforzar la arquitectura institucional con la creación de una autoridad especializada e independiente, y adaptar la normativa española al nuevo paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Una autoridad única para supervisar, inspeccionar y sancionar

La principal novedad es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), una autoridad administrativa independiente que unificará competencias que hoy se reparten entre el SEPBLAC y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

ANIFI integrará las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá además competencias hasta ahora no atribuidas a ninguna autoridad, como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La nueva autoridad se convertirá también en el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), en línea con las mejores prácticas internacionales.

Con esta unificación se dota de mayor solidez al marco español y se refuerza la visibilidad del compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Financiación propia, sin coste para el contribuyente

ANIFI dispondrá de un sistema de financiación autónomo y sostenible que no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. Se nutrirá de una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa (fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego) y de un porcentaje limitado de las sanciones que imponga que destinará a financiar actividades de prevención y persecución del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo así como de cooperación internacional.

Para acelerar su puesta en marcha y bajo el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, la nueva autoridad se construirá sobre la estructura del actual FROB, aprovechando sus servicios operativos y su experiencia en el sector financiero.

Una normativa más exigente y adaptada a los nuevos riesgos

La reforma actualiza también la normativa para adaptarla a los estándares europeos e internacionales. Entre las principales novedades, se incorporan nuevos sujetos obligados; se refuerza la transparencia sobre la titularidad real, con nuevas potestades de inspección y sanción del Registro Central; y se endurecen los requisitos de idoneidad, impidiendo que personas condenadas por blanqueo puedan ejercer como sujetos obligados o dirigirlos. Asimismo, se refuerza el control de los movimientos de efectivo.

Un modelo de resolución bancaria más simple y eficiente

La transformación del FROB permite además simplificar el modelo español de resolución bancaria. Las funciones de resolución ejecutiva se traspasan a las autoridades que ya ejercen la resolución preventiva —el Banco de España, para las entidades de crédito, y la CNMV, para las empresas de servicios de inversión—, de modo que exista una única autoridad de resolución para cada tipo de entidad, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Este traspaso se realiza garantizando la separación funcional respecto de la supervisión dentro de cada autoridad, para prevenir conflictos de interés, y preservando la participación del Ministerio de Economía en las decisiones con impacto presupuestario o sobre la estabilidad financiera.

Por su parte la participación del Estado en CaixaBank se seguirá gestionando desde BFA Tenedora de Acciones, que dejará de ser filial de FROB, pasando a ser una sociedad adscrita al Ministerio de Economía. BFA mantendrá su naturaleza de sociedad instrumental a la que se traspasarán también las acciones de Sareb y continuará ejerciendo sus derechos como accionista de la misma forma que hasta ahora, manteniéndose las obligaciones y condiciones de desinversión establecidas en el artículo 31 de la Ley 9/2012 de 14 de noviembre