• El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha señalado que la Autoridad es "una pieza clave para todo el trabajo en inclusión financiera" que desde hace años se viene desarrollando. 
• Cuerpo también ha anunciado que el servicio Correos Cash será gratuito para los residentes en municipios de menos de 500 habitantes, lo que permitirá cerrar la brecha de acceso al efectivo en el mundo rural. 
• Respecto al fraude financiero, a partir del 15 de septiembre, los operadores bloquearán los mensajes móviles cuyo remitente no esté inscrito en el Registro de Alias. 

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presidido este viernes una nueva reunión del Foro de seguimiento de inclusión financiera, con la participación de las patronales de las entidades de crédito (AEB, CECA y UNACC), representantes de las asociaciones de usuarios financieros, la plataforma de personas mayores y personas con discapacidad, el Banco de España, el Defensor del Pueblo y el presidente de Correos.

En su intervención, el vicepresidente primero se ha comprometido con las asociaciones de personas mayores y con discapacidad, así como de la asociación de usuarios financieros, a que en septiembre la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados retome la tramitación de la ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, “una pieza clave para todo el trabajo en inclusión financiera que se ha llevado a cabo en España en los últimos años".

La Autoridad busca aumentar la protección de los ciudadanos, y muy especialmente de los mayores y de los clientes más vulnerables, en su relación con los bancos, las aseguradoras y el resto de entidades financieras. Resolverá los conflictos, quejas y reclamaciones en un plazo máximo de 90 días, de forma gratuita y sin necesidad de recurrir a los tribunales.

El Gobierno recoge el mensaje trasladado de forma reiterada por las asociaciones de usuarios, incluido Carlos San Juan, a través de la campaña 'Soy mayor, pero no idiota', que sumó más de 600.000 firmas, sobre la necesidad de culminar la aprobación de esta norma. “La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero era necesaria en 2022, cuando se planteó por primera vez, y hoy lo es todavía más", señala el vicepresidente primero.

La inclusión financiera, un reto cada vez más digital y generacional

En la reunión de hoy del Foro de inclusión financiera, los participantes han tenido ocasión de constatar los positivos avances de los últimos 4 años en materia de inclusión rural y de personas mayores, pero también han recordado la importancia de seguir trabajando en estos ámbitos y aumentar el foco sobre los problemas de accesibilidad de personas con discapacidad.

Por otra parte, el Foro ha contado este año, con el avance de los resultados de una encuesta específica sobre inclusión financiera en el medio rural, encargada al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyos resultados serán presentados en el último trimestre del año. Según las conclusiones preliminares, el riesgo de exclusión en las zonas rurales se concentra hoy en las personas mayores con menor capacidad digital, lo que pone en valor la importancia de este foro y de los protocolos, y sitúa a la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero como la garantía adicional de protección para este colectivo. Si bien las personas mayores perciben el acompañamiento a los cajeros, otros servicios desplegados con el protocolo son todavía poco conocidos.

Respecto al seguimiento de los datos de cobertura de servicios de las entidades financieras en el territorio, el balance sigue siendo positivo. El porcentaje de población residente en un municipio sin punto de acceso al efectivo se ha reducido a la mitad en cuatro años, pasando del 1,4% en 2021 al 0,6% en 2025, lo que supone haber acercado un punto de acceso a unas 360.000 personas.

En los municipios de más de 500 habitantes, se consideran cumplidos los objetivos fijados en la hoja de ruta, haciéndose un seguimiento pormenorizado de aquellos municipios que coyunturalmente no cuentan con punto de acceso (seis en julio de 2026).

El esfuerzo debe concentrarse ahora en los municipios de menos de 500 habitantes sin punto de acceso (2.023 municipios y 251.098 habitantes).

Correos Cash: gratuidad en los municipios más pequeños

Es en esos municipios más pequeños donde Correos Cash puede funcionar como una palanca para resolver los retos de inclusión financiera, al apoyarse en una red ya existente y presente en todo el territorio y prestar un servicio permanente que puede llegar incluso al domicilio a través del cartero.

El vicepresidente primero ha anunciado el impulso a Correos Cash, tras la designación de Correos como prestador de un Servicio de Interés Económico General de servicios financieros.

Se ha fijado como objetivo que todos los residentes en municipios de menos de 500 habitantes puedan recibir gratuitamente el efectivo en su domicilio a través de Correos Cash.

En materia de accesibilidad, el vicepresidente ha agradecido el compromiso de las entidades para acelerar la adaptación de los puntos de acceso para las personas con discapacidad y mayores, pidiendo mayor ambición sin agotar el periodo transitorio que la directiva comunitaria fija hasta 2030. Este ámbito será objeto de seguimiento pormenorizado en siguientes foros.

Fraude: el Registro de Alias entra en funcionamiento el 15 de septiembre

El foro de inclusión ha sido también una oportunidad para actualizar sobre los trabajos de la Brigada Antifraude constituida en la reunión de diciembre de 2025. Se está trabajando intensamente en las medidas preventivas y desarrollos normativos que ayuden a evitar los fraudes derivados de engaños a los usuarios, que son ahora predominantes.

Cuerpo ha aprovechado para señalar que, a partir del 15 de septiembre, entrará en pleno funcionamiento el Registro de Alias, alojado en la CNMC, que permite verificar los nombres o marcas que aparecen como remitentes de mensajes móviles enviados a números españoles. A partir de esa fecha, los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear todos los mensajes cuyo remitente alfanumérico no esté previamente inscrito en el registro.

El vicepresidente ha pedido un impulso a todos los actores implicados para que las empresas registren su alias antes de la fecha de arranque de este sistema y se acompañe a las pymes facilitándoles este proceso.  

Anexo. Sobre la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

Actualmente las reclamaciones de los clientes se reparten entre tres organismos distintos —el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones—, y han aumentado en los últimos años. La media anual de reclamaciones recibidas por el Banco de España ha crecido más de un 70% en la última década, desde las 22.058 anuales del quinquenio 2016-2020 hasta las 37.747 del quinquenio 2021-2025, según los datos dados a conocer esta semana por el propio Banco.

Además, una parte importante de ellas se queda sin respuesta. No se trata de una situación coyuntural. En 2025, de las 30.970 reclamaciones presentadas ante el Banco de España, 20.114 no pudieron admitirse a trámite, en su mayoría porque el asunto queda fuera de las competencias que la ley atribuye hoy al supervisor, según recoge la memoria anual del Banco presentada esta semana.

Con la Autoridad, el Gobierno crea un derecho para los ciudadanos, que consiste en:

•      Una única ventanilla para todas las reclamaciones —banca, seguros e inversión— que alcanza por primera vez a operadores hoy no supervisados, como las fintech, los proveedores de microcréditos o los prestadores de servicios sobre criptoactivos.

•      Un paraguas de protección más amplio, que permitirá resolver sobre cláusulas contractuales declaradas abusivas, sobre el cumplimiento de los códigos de autorregulación e incluso sobre reclamaciones sin contenido económico. El ámbito de protección se extiende también a solicitantes de las cuentas de pago básicas.

•      Con capacidad de velar ante casos del fraude financiero, valorando si la entidad cumplió las normas de conducta en su prevención, velando además a través de sus resoluciones por el reembolso de las cantidades defraudadas.

•      Con resoluciones vinculantes y con fuerza ejecutiva para la entidad cuando la cuantía reclamada sea inferior a 20.000 euros o esté indeterminada.

•      Prestando atención personalizada y gratuita, que tiene en cuenta la edad, la competencia digital y el lugar de residencia del cliente.

•      Estando financiada a cargo de las entidades mediante una tasa que varía en función del número de reclamaciones recibidas y de cuántas se resuelven a favor del cliente.