Mejora de la Regulación
Los términos “buena regulación”, “mejora de la regulación”, “regulación inteligente” o “regulación eficiente” proceden de los anglicismos «Better Regulation», «Regulatory Reform» o «Smart Regulation». Estos conceptos, un tanto imprecisos, se han ido progresivamente desarrollando en el ámbito de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las últimas tres décadas.
En España la asunción de los principios e instrumentos de la mejora de la regulación se ha venido tambien realizando de forma progresiva en los últimos treinta años, siguiendo las diferentes iniciativas impulsadas desde la UE. Tanto la Administración General del Estado como las Administraciones Autonómicas y locales han ido implementando -en mayor o menor medida- diferentes principios e instrumentos de mejora regulatoria en los últimos años en el ámbito de sus competencias.
En la actualidad, los principios de mejora de la regulación y las herramientas necesarias para su implementación se encuentran recogidos para distintos ámbitos en diversa normativa de referencia. En la Administración General del Estado determinadas competencias específicas de mejora de la regulación están repartidas entre varios centros directivos siendo la Oficina de Coordinación y Calidad normativa el órgano que asume con carácter general y entre otras funciones, la función de promover la coordinación y calidad de la actividad normativa del Gobierno.
También en el marco de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, se creó en 2022 el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias, que es gestionado por la Secretaría para la Unidad de Mercado. Entre sus funciones están la identificación y seguimiento de las buenas prácticas regulatorias de las diferentes Administraciones, la elaboración y actualización continua de un Catálogo de buenas prácticas regulatorias que deberá ser aprobado por la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, el impulso de actuaciones de formación y comunicación de las buenas prácticas identificadas, y el seguimiento y difusión de las directrices de la Unión Europea en la materia.