• El Ejecutivo remite a la Comisión Europea el Informe de Progreso Anual que recoge el cumplimiento de los compromisos fiscales y de política económica incluidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. 

• Este Informe mantiene la previsión de avance del PIB del 2,2% para este 2026, tras un arranque de año marcado por la elevada incertidumbre ante el impacto de la guerra de Irán.

• En 2025, España cumplió con la regla de gasto al registrar un aumento del gasto computable del 4,5%, dentro de los márgenes establecidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, teniendo en cuenta los márgenes de flexibilidad comunitarios para hacer frente al aumento de gasto en defensa.

• El déficit se redujo hasta el 2% del PIB en 2025, excluyendo la DANA y otras medidas extraordinarias, lo que permite a nuestro país cumplir por sexto año consecutivo con el objetivo fijado por la Comisión Europea. A su vez, ese año, España ha registrado su primer superávit primario —es decir, que los ingresos públicos superan los gastos excluyendo el pago de los intereses de la deuda— en 18 años. El Informe contempla que el déficit excluyendo el impacto de catástrofes naturales siga reduciéndose este año al 1,6%, de nuevo con superávit primario.

• También cae la deuda pública respecto al PIB, y lo seguirá haciendo en 2026 hasta situarse en el 99,3%, por debajo de la barrera del 100% por primera vez desde 2013 y adelantando un año el objetivo fijado por el propio Gobierno.

• La economía española afronta el nuevo episodio de incertidumbre global desde una posición de mayor fortaleza económica, energética y fiscal que en ocasiones anteriores.

30 de abril de 2026.- El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Informe de Progreso Anual que recoge el cumplimiento de los compromisos fiscales y de política económica incluidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, presentado en octubre de 2024 y que constituye el principal documento de planificación fiscal de medio plazo.

Tal y como establece el marco europeo de gobernanza económica, los Estados miembros de la UE deben remitir el Informe de Progreso Anual antes del 30 de abril de cada año, detallando el grado de avance en la senda de gasto neto establecida por el Consejo, así como en los compromisos de reformas e inversiones.

Asimismo, el documento da cuenta de la evolución macroeconómica más reciente y de las perspectivas para los próximos años, en un contexto marcado por la elevada incertidumbre derivada de la guerra de Irán y por la extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos.

España mantiene el pulso de crecimiento y el liderazgo en la UE

El Informe mantiene inalterada la previsión de crecimiento real del PIB del 2,2% para 2026, en línea con el rango prudente del consenso de analistas de instituciones tanto públicas como privadas.

La elevada incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo y la extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos aconsejan posponer una actualización integral de las variables reales del escenario macroeconómico. Las bandas de impacto estimadas por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa oscilan entre 1 y 4 décimas de PIB en función del escenario de duración del conflicto, una horquilla excesivamente amplia para sustentar una calibración estable. 

Sí se ha procedido, no obstante, a una actualización mecánica de los deflactores — la medida de inflación consistente con el PIB — del escenario para incorporar los últimos datos de cierre de 2025. La previsión del deflactor del PIB para 2026 se revisa al alza un punto, desde el 2,1% inicial hasta el 3,1%, como consecuencia del arrastre estadístico (carry over) del cierre del pasado ejercicio, en el que el deflactor promedió un 2,9% frente al 2,6% previsto. Esta revisión se considera necesaria por la notable sorpresa al alza de los datos de cierre de 2025, lo cual no sucede con las variables reales que no se han actualizado.

España cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 2,8%, muy por encima de la media de la zona euro y con una aceleración en el cuarto trimestre hasta el 0,8% intertrimestral. El crecimiento se apoyó en la fortaleza de la demanda interna y en el extraordinario dinamismo del mercado laboral, que cerró el ejercicio con casi 22,5 millones de ocupados. La economía española creció en 2025 más del doble que la media de la zona euro y generó el 40% del empleo del área monetaria, pese a representar apenas el 10% del tamaño relativo de la moneda común.

Los datos del primer trimestre de 2026 confirman el mantenimiento de esa dinámica, con un avance intertrimestral del PIB del 0,6%, y con más de 530.000 ocupados adicionales en términos desestacionalizados respecto a un año antes. La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en máximos históricos y previsiblemente cerrará el mes de abril por encima de los 22 millones de personas en términos de promedio mensual, por primera vez en la historia. 

Cumplimiento de la regla de gasto

El Informe confirma que España cumplió con la regla de gasto comprometida con la Comisión Europea para 2025. El gasto primario neto, o gasto computable, teniendo en cuenta los márgenes de flexibilidad comunitarios para hacer frente al aumento de gasto en defensa, creció el pasado ejercicio un 4,5%, dentro de los márgenes establecidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) avalado por el Consejo ECOFIN.

En el acumulado 2024-2025, el gasto computable creció un 8,7%, también dentro del margen permitido por las reglas fiscales europeas. Esa diferencia con la senda fijada genera un saldo positivo equivalente al 0,2% del PIB en la conocida como ‘cuenta de control’, que servirá para compensar eventuales desviaciones futuras del cumplimiento de la regla de gasto.

Para el cálculo del crecimiento del gasto computable se ha tenido en cuenta el incremento del gasto en defensa registrado en 2025, que equivale a 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable y que ha permitido a España alcanzar ya el 2% del PIB en gasto en defensa según las últimas estimaciones de la OTAN. El pasado 13 de abril, España solicitó a Bruselas la activación de la cláusula nacional de escape, una herramienta de flexibilidad propuesta por la Comisión Europea para acomodar el aumento del gasto en seguridad y defensa, que han solicitado de forma coordinada otros 17 Estados miembros. 

Para 2026, España prevé volver a cumplir con la regla de gasto. El crecimiento del gasto computable se situará en términos anuales en el 4,2% y en el acumulado del periodo 2024-2026 se situaría en el 13,3%, ambas cifras por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB que establecen las reglas fiscales europeas para esta variable.

Reducción del déficit y primer superávit primario en 18 años

España cumplió en 2025 con su objetivo de déficit. El saldo público se situó en el 2,0% del PIB descontando los one-offs (medidas extraordinarias), que incluyen el coste de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la DANA, lo que supone una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2024 y se queda 5 décimas por debajo del 2,5% comprometido en el PFEMP. Computando el impacto de la DANA, el déficit cerró el ejercicio en el 2,4%.

Por primera vez en 18 años, España registró en 2025 un superávit primario excluyendo el impacto de la DANA, es decir, los ingresos públicos superaron a los gastos descontando el pago de los intereses de la deuda. Si se incluye el impacto de la DANA, el saldo primario se mantuvo en equilibrio.

La senda descendente del déficit confirma el rápido saneamiento de las cuentas públicas. Desde el máximo alcanzado en la pandemia en 2020, con un déficit del 9,9% del PIB, el saldo público ha mejorado en 7,5 puntos porcentuales, sin aplicar recortes sociales y reforzando al mismo tiempo el Estado de bienestar.

El Informe contempla la continuidad de este saneamiento en 2026. La previsión es que el déficit se sitúe en el 1,5% del PIB excluyendo el conjunto de one-offs, en el 1,6% si se descuentan únicamente los gastos extraordinarios derivados de las inundaciones de principios de año y las medidas restantes de la DANA, y en el 2,1% computando todas las partidas. Las cifras previstas quedarían, por tanto, por debajo del objetivo del 2,1% previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo remitido a la Comisión Europea en 2024. El superávit primario aumentará hasta el 0,9% del PIB en 2026 sin el impacto de catástrofes naturales, situándose en el 0,4% si se incluye el conjunto de partidas extraordinarias.

La deuda pública bajará del 100% del PIB por primera vez desde 2013

La ratio de deuda pública sobre PIB cerró 2025 en el 100,7%, por debajo del 101,4% previsto en el PFEMP. La previsión para 2026 sitúa la deuda en el 99,3% del PIB, por debajo del umbral del 100% por primera vez desde 2013 y adelantando un año el objetivo fijado por el Gobierno para el final de la legislatura.

Desde el máximo alcanzado a inicios de 2021, la ratio de deuda se ha reducido ya en casi 26 puntos porcentuales, gracias al sólido crecimiento nominal de la economía y a la mejora del saldo público.

Una posición de mayor fortaleza para afrontar la incertidumbre

La economía española afronta el complejo contexto internacional desde una posición de mayor fortaleza económica, energética y fiscal que en ocasiones anteriores. El cumplimiento riguroso de los compromisos europeos, la senda descendente del déficit y la deuda y el dinamismo del crecimiento y el empleo configuran un escenario de mayor capacidad de respuesta ante los shocks externos.

En el ámbito energético, la elevada penetración de las energías renovables ha permitido que España se sitúe como el tercer país europeo donde menos han crecido los precios mayoristas de la electricidad desde el inicio del conflicto. Este menor impacto sobre los costes energéticos constituye un elemento adicional de soberanía y de competitividad para atraer inversión a nuestro país.

Por último, el Informe da cuenta del cumplimiento de los compromisos de reformas e inversiones que sostienen la extensión del periodo de ajuste fiscal a siete años. Se han completado con éxito las etapas previstas para 2025 en bloques relevantes como las dos primeras etapas de la reforma fiscal, la simplificación del sistema de homologación de títulos universitarios extranjeros, la mejora en la gestión de la incapacidad temporal mediante los convenios firmados con todas las Comunidades Autónomas, la primera etapa del Régimen 20 y la primera etapa del Proyecto Viena para la construcción de viviendas asequibles.

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