Summary

​Una asociación informa a la Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado sobre la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de traslado de residuos no peligrosos en la normativa autonómica. En concreto, la interesada informa de la imposición de requisitos adicionales y no previstos en la norma estatal de aplicación a los traslados de residuos no peligrosos con origen o destino en Cataluña, en concreto en el Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.

Esta Secretaría considera que la exigencia de requisitos para el traslado o los movimientos de residuos son medios de intervención a la actividad económica que en todo caso debe analizarse en virtud de los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en los comentados artículos 5 y 17 de la LGUM.

En este sentido, la autoridad competente debería señalar la razón imperiosa de interés general que se pretende salvaguardar (como puede ser la salud o la seguridad pública, o la protección del medio ambiente), y analizar, en atención a la proporcionalidad de la medida, la relación de causalidad de esta limitación con la razón imperiosa de interés general que se invoque, así como la inexistencia de una alternativa que provocase menor distorsión a la actividad económica.

A lo largo de este procedimiento, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha señalado que “con el fin de orientar el régimen de dichos traslados a un control ex post, actualmente se encuentra en trámite el proyecto de Decreto de procedimientos de gestión de residuos, que somete al régimen de comunicación los traslados de residuos no peligrosos destinados a valorización con origen o destino en Cataluña".