• La medida aborda uno de los principales problemas de nuestras pequeñas y medianas empresas (pymes) al garantizarles mayor control sobre sus facturas y pagos, liberando recursos financieros para su crecimiento.
• Este Real Decreto de factura electrónica B2B también busca rebajar la carga administrativa de las empresas. Con importantes ahorros de costes especialmente para las pymes, incidiendo en los avances hacia una economía más moderna, digital y eficiente.
• La creación de una plataforma pública de facturación electrónica por parte de la Agencia Tributaria ofrece el acceso gratuito al nuevo sistema.
• La entrada en vigor será escalonada para facilitar la adaptación de todas las empresas: un año para aquellas con una facturación superior a 8 millones de euros, y dos años para el resto, a partir de que se publique la orden ministerial que regular la plataforma pública de facturación.
• La tramitación de la factura electrónica B2B ha coincidido con otro real decreto sobre facturación diferente y conocido como Verifactu, cuyo objetivo es combatir el fraude fiscal en transacciones de todo tipo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que obliga al uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales —conocido como sistema B2B—. Esta medida impulsa la digitalización del tejido empresarial, reduce la morosidad y permite a las empresas, especialmente a las pymes, cobrar antes y con mayor previsibilidad.

España tiene uno de los periodos medios de pago más elevados de la Unión Europea (UE), en torno a los 80 días, muy por encima del máximo de 60 días que establece la Ley de Morosidad y de la media comunitaria. Esta situación frena el crecimiento y la competitividad de nuestras empresas.

La nueva factura electrónica B2B es una herramienta decisiva para cambiar esta realidad. Al registrar electrónicamente cuándo se emite, se acepta y se paga cada factura, las empresas tendrán mayor control sobre sus cobros y pagos, y la Administración podrá monitorizar el cumplimiento real de los plazos de pago.

Cómo funciona el nuevo sistema

El real decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada —superando la era del PDF, del Excel y del papel— e introduce la obligación de informar del estado de cada factura: aceptación y fecha de pago efectivo. Esta trazabilidad completa del ciclo de facturación es la clave para combatir la morosidad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, apenas el 20% de las grandes empresas de nuestro país pagan a tiempo, según los datos de la Comisión Europea.

Las empresas podrán optar por dos vías para intercambiar facturas electrónicas:

1. Plataformas privadas, que deberán estar interconectadas entre sí para que ninguna empresa se vea obligada a pertenecer a la plataforma de su cliente.
2. La solución pública y gratuita que desarrolla la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), accesible para cualquier empresa o profesional que la necesite, incluidos autónomos con pocas facturas al mes.

Reducción de cargas y ahorro para las empresas

La factura electrónica B2B tiene la virtud de generar importantes ahorros de tiempo y recursos en las empresas que la adoptan. La automatización de procesos que permite el recibir cientos o miles de facturas al año en formato estructurado que puede leer directamente el software contable de las empresas frente a la entrada de facturas en PDF o papel, cuyos datos es necesario reteclear en el sistema del destinatario, y por diferentes vías o direcciones ha sido el gran incentivo para que ya esté implantada en sectores como el gran consumo (Corte Ingles, Mercadona, Carrefour, IFA, etc), automóvil, suministros sanitarios u hoteles y agencias de viaje.

Hoy se intercambian ya más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España con ahorros que se estiman por encima de 2.700 millones de euros. En cuanto al volumen de ahorros a futuro, la referencia europea más cercana es Italia, que tiene el sistema en funcionamiento para las facturas B2B desde 2019 y maneja al año más de 2.000 millones de facturas electrónicas. Cuando lleguemos a ese nivel de 2.000 millones de facturas electrónicas al año, estimamos unos ahorros de más de 8.000 millones para el conjunto de empresas de nuestro país.

Plazos de implantación

La entrada en vigor será escalonada para facilitar la adaptación de todas las empresas: un año para aquellas con una facturación superior a 8 millones de euros, y dos años para el resto. Los plazos comenzarán a computar desde la publicación de la orden ministerial de Hacienda que regulará los aspectos técnicos de la solución pública, que se prevé antes del 1 de julio de 2026.

Un paso más en la modernización de la economía española

Esta norma desarrolla el artículo 12 de la Ley Crea y Crece (18/2022) y se alinea plenamente con la estrategia europea de digitalización del IVA (iniciativa VIDA de la Comisión Europea). España avanza así hacia una economía más moderna, digital y eficiente, con un marco que protege especialmente a las pymes frente a las asimetrías de poder de negociación con las grandes empresas.

Los datos así lo demuestran: el número de empresas sin asalariados disminuye un 4,4% desde 2019, el ciclo de vida de las empresas está sesgado hacia empresas más grandes, con un crecimiento de las pymes con menos de 10 empleados en un 1,4%, también desde 2019 hasta 2025, y especialmente de empresas ya medianas, con un crecimiento del 8,3% en comparación con el periodo prepandemia.

Diferencias con Verifactu

Este real decreto de factura electrónica B2B ha coincidido en el tiempo con otro proyecto del Ministerio de Hacienda: el real decreto, conocido como “Verifactu”, que ya ha entrado en vigor, pero cuyos efectos se han diferido a 2027. La tramitación de ambos proyectos ha coincidido en el tiempo, pero se trata de dos medidas diferentes.

Verifactu busca combatir el fraude fiscal en transacciones de todo tipo. Establece una serie de obligaciones para los productores de software de facturación, que dificultan la manipulación de facturas, y habilita diferentes mecanismos de reporte de información fiscal a la Agencia Tributaria.